Estudio Jurídico Lafferriere
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Informe de Coyuntura

Septiembre-Octubre de 2003

EDICIÓN ESPECIAL – Una visión macro del próximo bienio

Escenario general

Nota dominante: fortalecimiento presidencial. 

1. La nota característica de septiembre han sido los procesos electorales provinciales, de los que depende la conformación del Congreso y la definición de las administraciones provinciales. Como se recordará, producida la crisis del 2002, el ex-presidente Duhalde concedió a los gobernadores de provincias la facultad de fijar las fechas electorales para elegir Diputados Nacionales y Senadores Nacionales (en los distritos que correspondía), lo que llevó a que en un hecho inédito, el presidente electo no estuvo acompañado ni respaldado por un bloque de legisladores propios. Por el contrario, los legisladores surgieron de procesos electorales locales distribuidos a lo largo de todo el segundo semestre del año según las conveniencias políticas locales de cada gobernador en ejercicio. El efecto político de este proceso ha sido por un lado forzar al presidente a involucrarse en una seguidilla de desafíos de cuyo resultado dependerá su capacidad de gobierno, y por otro lado licuar totalmente a la oposición, al privarla del atractivo electoral de sus liderazgos nacionales más fuertes (López Murphy y Carrió).

2. Las provincias más numerosas han atravesado ya sus elecciones y a fines de septiembre del 2003 puede preverse con seguridad una composición del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre con mayoría absoluta del oficialismo en ambas Cámaras. En Diputados (total, 257) el Partido Justicialista mantendrá un bloque de más de 130 –sin sumar los aliados posibles-; y en el Senado (total, 72) el bloque del PJ oscilará en los 40.

3. La firma del acuerdo con el FMI, con un singular protagonismo presidencial y una sobreactuación que teatralizó aún más ese protagonismo, reforzó la tendencia iniciada desde las elecciones del 27 de abril de fortalecimiento de la imagen del presidente. El gesto de entrar en default con el FMI al decidir no realizar en fecha el pago de los 2900 millones de dólares si el FMI no publicitaba antes su acuerdo con la Carta de Intención –que ya estaba acordada- le permitió reforzar internamente su imagen de un “Presidente con poder”. Su popularidad oscila hoy –comienzos de octubre del 2003- en el 80 % de imagen positiva.

4. En la misma línea se inserta el respaldo expreso del Presidente Bush al acuerdo con el FMI, determinante para el buen fin de la negociación previa, venciendo la fuerte resistencia del “staff” del organismo. La contracara es el enfriamiento de las relaciones con los países cuyos intereses no fueron contemplados en el acuerdo –Italia, Alemania, Suiza y Japón, con  cientos de miles de sus ciudadanos tenedores de títulos de deuda cuya situación no se contempla en el plan trienal presentado al FMI- y España y en menor medida Francia, afectadas en los intereses de sus empresas prestadoras de servicios públicos privatizados, tampoco contempladas en el acuerdo en forma satisfactoria.

Escenarios parciales

1. Político

1. El justicialismo ha quedado dueño de la escena; en él conviven dos liderazgos: el presidencial, que intenta ampliar su base a sectores no peronistas, y el del ex presidente Duhalde, con fuerte influencia partidaria y parlamentaria. No es previsible un choque directo en los próximos dos años, aunque no habría que descartar, a partir de esa fecha, el comienzo de una puja por la sucesión del 2007. Los restos del “menemismo” no han logrado hasta ahora estructurar una alternativa sucesoria, pero conservan gran parte de su poder territorial.

2. El radicalismo ha quedado pulverizado como estructura en los dos distritos más importantes del país: provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, los distritos de Alfonsín y de la Rúa, respectivamente. Ha logrado, sin embargo, mantener sin variantes –y aún con cierto crecimiento- su presencia en los distritos del interior, conservando las provincias que gobernaba y agregando la de Tierra del Fuego. Es además, la segunda fuerza parlamentaria, pero sin ninguna relevancia en el debate nacional.

3. Los liderazgos emergentes (López Murphy y Carrió) siguen actuando como referentes comunicacionales de la opinión opositora, pero sin fuerza territorial. Sus apoyos electorales provinieron centralmente de ex-votantes de la Alianza, que en los comicios locales respaldaron a sus fuerzas de origen. Es previsible que no surjan otras alternativas en el espacio opositor en los próximos dos años, y que ambos dirigentes conserven sus referencias ante el electorado que los acompañó. Ninguno de ambos cuestiona la legitimidad presidencial y sus discursos –el primero, más centrista, y la segunda, más socialdemócrata- avalan la recuperación paulatina de la normalidad institucional en el país. El futuro de ambos dependerá en gran medida de su capacidad de aglutinar a la opinión no peronista y de seducir a la estructura sobreviviente de la UCR.

2. Social.

1. En este plano, la virulencia del movimiento piquetero está cediendo ante la progresiva normalización económica y la extensión de los planes sociales, que implican una ayuda directa a un colectivo de 3.000.000 de personas, con una asignación de 150/200 pesos por mes. Recordemos como dato ilustrativo que un litro de leche cuesta $0,80, un kilogramo de pan común alrededor de $ 1,50 y un kilogramo de carne vacuna, en cortes populares, alrededor de $ 2 a $ 3.

2. En el sector laboral formal, la recuperación económica está haciendo crecer las horas trabajadas en la industria, e incluso generando empleo industrial nuevo en las ramas de producción que pueden aprovechar los efectos de la devaluación (trabajo-intensivas, o sustitución de ciertas importaciones de bienes sin alta tecnología o tecnología intermedia).

3. Es previsible que comience a insinuarse una conflictividad creciente en el sector público, que mantiene salarios congelados en pesos desde antes de la devaluación frente a una inflación de precios minoristas del 50 % (la inflación en precios mayoristas ha sido en el mismo lapso del 100 %). El acuerdo con el FMI no prevé incrementos en los salarios públicos ni previsionales en los próximos dos años, frente a una inflación prevista para el período que se estima entre un piso de 25 y un techo de 35 %.

3. Económico.

1. En el plano económico, es previsible que los objetivos del programa acordado con el FMI se logren cumplir sin mayores sobresaltos, en razón de que el gobierno ha conseguido una suficiente base de poder político y que la ausencia de previsión de pagos de la deuda en default en el bienio 2004/2005 –continuando la misma actitud que en el 2003- aliviará en forma sustancial el flanco fiscal.

2. En este orden, cabe destacar que:

                                                               i.     La economía muestra una recuperación sostenida, previéndose que termine el año 2003 con un PBI incrementado en alrededor del 6,5 % con respecto al 2002. La recuperación ha sido motorizada por el incremento del consumo –hacia donde se han canalizado parte de los recursos de los servicios de la deuda no pagados, vía generación de nueva deuda “post default”- y por las exportaciones agropecuarias.

                                                             ii.     La negociación con los acreedores será difícil, por la gran dispersión de los tenedores de bonos. Esta dificultad será un argumento para no acelerar el arreglo, por lo menos, hasta fines del 2004. Esto incrementa la “caja” disponible del gobierno para hacer virtualmente lo que quiera –desde fundar empresas estatales, como ha iniciado con la línea aérea, hasta reactivar los trenes, subsidiar a empresarios amigos o incrementar los planes sociales- en ese lapso.

                                                            iii.     En el arreglo final es previsible un plazo de gracia, aún indeterminado, que permitirá prolongar en el tiempo la ausencia de pagos por esta parte de la deuda.

                                                           iv.     Con un efecto contrario, la demora en terminar la negociación será perjudicial en lo referente a nuevas decisiones privadas de inversión, fundamentalmente en el plano financiero, pero también en el área de grandes proyectos. Es, en efecto, difícil que se abra nuevamente el crédito privado al sector público o “semi público” (empresas de servicios públicos privatizados) mientras no se termine la negociación de la deuda y empiece a cumplirse efectivamente lo que se en definitiva se pacte.

                                                             v.     La dificultad de crédito retrasará el mantenimiento y las nuevas inversiones. En este aspecto, la demora es perjudicial para las perspectivas de mediano plazo. Si el gobierno no logra terminar esa negociación en el 2004, el país ingresará ya en la incertidumbre electoral sobre la renovación parcial del congreso (2005) e inmediatamente en la puja por la sucesión presidencial.

                                                           vi.     Sin embargo, esa misma tensión obligará al gobierno a ser escrupuloso en el respeto a las nuevas inversiones en el sector privado, a fin de mostrar su apego a las reglas de juego. En este sentido, se mantendrán durante el próximo bienio las ventajas del tipo de cambio que favorecen a los inversores con divisas.

                                                          vii.     Es previsible una apertura e integración crecientes hacia el “área americana” en sentido amplio (Brasil, MERCOSUR, EEUU, ALCA), a raíz del interés estratégico de EEUU en el Continente –mostrado en el respaldo político de Bush a la administración Kirchner y antes al propio Lula- y también por la necesidad regional (Brasil, Argentina) de ampliar sus mercados internos.

4. El plan acordado con el FMI.

Los objetivos pactados con el FMI, con el compromiso personal del presidente, comprenden:

1. Liberalización paulatina del mercado cambiario, hasta llegar a su total liberalización en mayo del año 2004.

2. Restricción paulatina del gasto corriente. Congelamiento salarial en el sector público y previsional lo que “constituye un ancla central del programa” (sic)

3. Tipo de cambio oscilando nominalmente en los $ 3 por dólar.

4. Superávit fiscal primario para el año 2004 del 3 % del PBI (el necesario para pago de los intereses de la deuda con el FMI y demás organismos internacionales y la deuda post-default, pero nada para la deuda en default).

5. Ese superávit es consolidado: incluye 2.4 % en la Nación, y 0.6% en las provincias. Si las provincias no lo logran, queda obligada la Nación a compensarlas.

6. Si no se llega al superávit, se establecen los impuestos que se aplicarán para alcanzarlo: alcohol y bienes suntuarios, reducción de la acreditación cruzada del impuesto a los combustibles frente al IVA y Ganancias, y la inclusión de los impuestos internos unificados en la base del IVA.

7. Se abrirá una etapa de negociación general de los contratos con las empresas de servicios públicos privatizados, llamándose a nuevas licitaciones si no se llegara a acuerdo.

8. A partir del 2005, reducción paulatina del impuesto a las exportaciones agropecuarias.

9. A partir de mediados del 2004, reducción paulatina del impuesto al cheque.

10. Reforma impositiva tendiente a ampliar la base del IVA, disminuir la evasión y ampliar la base de Ganancias.

11. Mantener los planes sociales con entregas netas a los beneficiarios que sean inferiores al salario mínimo de la economía, y vincularlos a la producción.

12. Crecimiento del PBI del 5,6 % en el 2003, y 4 % anual a partir del 2004. Esta previsión supone el crecimiento en el trienio 2003/2006 del 18/20%.

13. Se prevé una pauta de inflación del 5 al 6 % en el 2003, 7 al 11 % en el 2004, 5 al 8 % en el 2005 y 4 al 7 % en el 2006. La inflación para el período 2003/2006 tendrá como metas, en consecuencia, un piso del 25 %, y un techo del 35 %.

14. La emisión monetaria acompañará la inflación y la recomposición de reservas.

15. El Banco Central no financiará al Estado más que hasta la suma autorizada por la ley vigente.

Recordemos a título ilustrativo que a septiembre del 2003, las reservas internacionales son de US$ 13.000 millones y el circulante (M1: efectivo, cuentas corrientes, cajas de ahorro y cuentas a la vista) es de aproximadamente $ 36.000 millones. En el período diciembre 2001/julio 2003 la inflación en precio mayoristas fue del 100 %, el índice de costo de vida se incrementó en el 50 %, el tipo de cambio de multiplicó por tres y el nivel salarial permaneció estable.

5. Con estos objetivos, el PBI real argentino alcanzará en el 2006 el mismo nivel del año 2001 y se habrá recuperado de la caída. Sin embargo, para esa fecha habrá que empezar a pagar deuda refinanciada. En la previsión oficial, el tipo de cambio real (luego de la incidencia de la inflación vs. Tipo de cambio nominal) se prevé en $ 1,60 por dólar (presentación de la propuesta de renegociación de la deuda, informe Ministerio de Economía). El equivalente en dólares del PBI nominal en pesos corrientes,  medido a precios de mercado, sin embargo, continuará en poco más de la mitad del existente antes del default.

6. Para ese mismo año, se habrá consolidado la pérdida –vía inflación- del salario real del 25 al 35 % en los salarios públicos.

7. No se ha explicitado la política salarial para el sector privado. Es previsible que se habilite paulatinamente el mecanismo de la negociación colectiva.

En síntesis, puede preverse razonablemente que:

1. la economía crecerá como mínimo según lo previsto y sin sobresaltos en el bienio 2004/2005 (5,6 % en el 2003, 4 % en el 2004 y 4 % en el 2005). Es muy posible, incluso, que el crecimiento sea mayor, debido a la fuerte influencia de la favorable situación externa (incremento del valor del €, valores sostenidos de la soja y del petróleo, reducción de las tasas de interés).

2. En el año 2004 comenzarán a expresarse problemas sociales en el sector público, por el retraso salarial. El avance de la inflación, positivo para la recaudación, ritmará sin embargo el crecimiento de la conflictividad.

3. El sector privado crecerá generando empleo en los sectores trabajo-intensivos y en los sustitutivos de importaciones de tecnología intermedia, con límites claros hacia el fin del bienio (2005). Habrá una pérdida global de competitividad de la economía, por la falta de inversión.

4. El sector agropecuario seguirá manteniendo una alta rentabilidad, al ser el principal proveedor de divisas –ya que la caída del tipo de cambio real será compensada con la reducción paulatina de los impuestos a la exportación a partir del 2005- y estar favorecido por un ciclo favorable en los precios internacionales. Esa rentabilidad se reducirá, sin embargo, durante 2004, año en que la recuperación cambiaria prevista no prevé compensaciones.

5. La economía tendrá diferente comportamiento por sectores. Aquéllos que hoy trabajan al límite de su capacidad instalada (metales básicos, química, papel y cartón, textiles) se enfrentan ya a dificultades reales de crecimiento, a raíz de la falta de crédito, la perspectiva de crecimiento del costo salarial a raíz de la recuperación del tipo de cambio, la perspectiva de crecimiento en las importaciones y la pérdida paulatina de la competitividad extra que ganaron con la devaluación. Otros sectores, como el automotriz (trabaja al 30 % de su capacidad instalada) dependerá de la marcha del MERCOSUR y la recuperación de Brasil, que opera como su gran mercado en el marco de un comercio administrado (por los gobiernos y las terminales).

6. A fines del 2005 y comienzos del 2006, comenzarán a esbozarse las limitaciones del plan: el tipo de cambio real ya habrá recuperado gran parte de lo perdido por la devaluación, la economía perderá esta “competitividad extra” adicional y además habrá que comenzar a pagar la deuda refinanciada. El mercado interno habrá mostrado ya su límite a la industria mano de obra intensiva, y la recuperación del valor del peso permitirá el incremento de las importaciones de tecnología intermedia, poniendo techo al proceso sustitutivo de estas ramas.

7. Lo que ocurra a partir de allí es imposible de prever hoy: dependerá de la capacidad del gobierno para realizar las reformas estructurales que liberen la economía de gastos improductivos, estimulen la iniciativa de los emprendedores, recreen la confianza a la inversión privada externa, generen la competitividad económica de cara a la región y al mundo con desarrollo e incorporación tecnológica, asegure la provisión de servicios públicos de alta calidad y costos competitivos, etc.; nada de esto se prevé en el acuerdo con el FMI ni forma parte por ahora del discurso oficial.

8. Lo antedicho no implica sostener que el gobierno no avanzará en ese sentido. Hasta ahora, ha mostrado su eficiencia en el manejo de la coyuntura, acumulando poder que utiliza por el momento en forma adecuada, aunque sea discutible su justicia. Tiene frente a sí cuatro grandes capítulos:

                                                               i.     Renegociación de la deuda en default –de ello depende en un extremo, el nivel de capacidad de ahorro e inversión pública, y en el otro la recuperación de la confianza inversora en el sector privado-.

                                                             ii.     Descongelamiento tarifario –con su incidencia por un lado en el índice de inflación, y en el otro extremo, en el nivel de deterioro y pérdida de competitividad de los servicios-.

                                                            iii.     Reconstrucción del sistema financiero, para dinamizar el ahorro y la inversión interna privados. Mientras más se demore este proceso, la reactivación será más Estado y menos mercado, y viceversa, ya que mientras el sistema financiero no funcione adecuadamente, la capacidad de ahorro nacional será arbitrada centralmente por el Estado.

                                                           iv.     Reformulación definitiva de las finanzas públicas y la relación Nación-provincias (discusión marcada por la lucha interna del peronismo entre los jefes distritales, que conservan gran parte de su poder parlamentario).

9. Si el gobierno decide encarar estos cuatro temas ahora, en plenitud de su poder, es previsible imaginar que la economía argentina puede volver a crecer a un ritmo del 7 al 10 % anual, aún antes del 2006, superando claramente las metas pactadas con el FMI. Si, por el contrario, simplemente administra los conflictos y los posterga, la economía no podrá superar su limitación estructural y crecerá a una tasa de alrededor del 4 %, con un creciente nivel de conflictividad a partir de fines del 2005 no limitada ya al sector público sino también en el sector privado. Será el momento de la renovación parcial de la Cámara y de comenzar a esbozarse la lucha por la sucesión presidencial. En ambos casos, la “macro-crisis” habrá quedado atrás, y en todo caso el debate será sobre el país de los años siguientes.

  1 de octubre, 2003